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JULIO PÉREZ - VIGO Lo pidió el FROB directamente, encargado de las riendas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde su intervención hace justo un año y personado en la causa judicial contra la antigua cúpula, y el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso finalmente ha decidido aplicarlo. Javier Gómez Bermúdez impuso una fianza "conjunta y solidaria" en concepto de responsabilidad civil a los cinco ex altos cargos de la entidad implicados en el proceso por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión y que desembocaron en la quiebra del negocio. El desembolso tendrá que hacerse antes de 15 días. De lo contrario, los imputados tendrán que responder con su propio patrimonio.
La providencia recoge la medida para el que fue presidente de la caja, Modesto Crespo; la ex directora general, María Dolores Amorós, y su predecesor, Roberto López; el encargado del área de Recursos, Vicente Soriano; y el de Planificación, Teófilo Sogorb. La medida –que supone más del doble de los 12 millones que solicitaba la plataforma de afectados por la CAM– se une a la decisión que tomó Gómez Bermúdez la pasada semana de retirarle el pasaporte a los dos exdirectores, Amorós y López, por riesgo de fuga, con la obligación además de presentarse cada quince días en el juzgado más próximo a su residencia. Sobre todos ellos recae la acusación de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida y todos ellos también lo fueron negando reiteradamente en sus respectivas declaraciones ante el magistrado.
Las diligencias partieron de la admisión a trámite de la querella que interpuso el abogado Diego de Ramón, representante de la plataforma de afectados de la entidad, que posteriormente se unión también a la denuncia, al igual que el FROB. Esa agrupación tiene entre manos una investigación propia con el objetivo de demostrar la contratación por parte de la CAM de expertos en "comercialización muy agresiva" para colocar las participaciones preferentes y las cuotas participativas.
Hasta el último momento, y pese a que la delicadísima situación de la entidad quedara ya en evidencia con la negativa de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura a formalizar la integración en Banco Base, luego Liberbank, con la CAM por el descubrimiento de la verdadera situación de sus activos y la morosidad, los directivos defendieron la posibilidad de seguir en solitario con la aportación de FROB. Una postura surrealista a la vista de lo que sucedió después, con una inyección inmediata de 4.000 millones de euros de dinero público justo tras su intervención. Fue el 22 de julio de 2011. El Banco de España expulsó a casi toda la cúpula. A Amorós lo hizo tres semanas después.

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